Expertos de la región instaron hoy a abordar los derechos de las personas migrantes como asunto prioritario y a considerar el papel de la migración en la reconstrucción económica y social post pandemia del COVID-19, durante un diálogo virtual organizado en el marco de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe.

El evento Los efectos del COVID-19, una oportunidad para reafirmar la centralidad de los derechos humanos de las personas migrantes en el desarrollo sostenible [1], fue inaugurado por Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL); Antonina Sasieta, Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Perú, en su calidad de Presidenta de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo, y Harold Robinson, Director Regional del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) para América Latina y el Caribe.

Durante la inauguración, Alicia Bárcena subrayó que abordar las consecuencias y especificidades de la pandemia del COVID-19 en la población migrante de América Latina y el Caribe es un asunto prioritario que requiere ser visibilizado y pensado desde las políticas públicas, la inclusión y la protección social, los derechos humanos y la igualdad, a fin de reconstruir mejor nuestras sociedades una vez controlada la emergencia.

Añadió que la pandemia provocada por el coronavirus ha evidenciado los problemas estructurales del modelo de desarrollo en la región, entre ellos, la mercantilización y fragmentación de los sistemas de salud, la gran desigualdad que afecta a las mujeres y los pueblos indígenas, el alto grado de urbanización que ha potenciado los contagios en los barrios más vulnerables, una alta informalidad laboral que alcanza al 54% de los trabajadores, además de frágiles sistemas de protección social y un débil multilateralismo con crecientes tensiones sociales.

“Lo más delicado es que tenemos un multilateralismo débil, fragmentado, con crecientes tensiones. Debemos apoyarnos entre los países de la región en temas tan importantes como el movimiento de las personas a través de las fronteras”, subrayó.

La alta funcionaria de las Naciones Unidas recordó que América Latina y el Caribe se enfrenta a la peor crisis en un siglo. Precisó que las últimas proyecciones de la CEPAL indican que el PIB se contraerá -9,1% en el presente año, la pobreza se incrementará 37,3% y alcanzará a 231 millones de personas, alrededor de 118 millones de ellas mujeres. Asimismo, unos 98 millones de personas vivirán en extrema pobreza (lo que representa un 15,5%) y correrán el riesgo de padecer hambre porque no alcanzarán a cubrir sus necesidades de ingesta básica alimentaria. La desocupación se ubicará en torno al 13,5%, lo que representa un alza de 44 millones de personas.

“Estamos confrontando una situación que va a durar más de lo esperado, que requerirá más recursos fiscales y, por lo tanto, necesitamos repensar la manera en que nos vamos a ir reconstruyendo de una forma más igualitaria, más inclusiva y más sostenible”, expresó.

Alicia Bárcena subrayó que, en el contexto de la pandemia del COVID-19, las personas migrantes han contribuido de manera importante a los países de destino como trabajadores en servicios esenciales en el sector de salud, servicios de aseo, y las cadenas de suministro de alimentos, lo que a su vez los hace uno de los grupos más expuestos. Por otro lado, las políticas de prevención de contagios han limitado las actividades de sectores que concentran el grueso del empleo de migrantes, como hotelería, restaurantes, pequeñas empresas y ocupaciones informales, lo que ha expuesto a una extrema vulnerabilidad a las y los trabajadores migrantes, particularmente a aquellos en situación irregular.

Advirtió sobre la situación de las mujeres migrantes, quienes se concentran en los sectores de servicios más afectados, incluyendo el trabajo doméstico, lo que constituye 14,3% del empleo de las mujeres en la región. El 17,2% de las personas ocupadas como trabajadoras domésticas son migrantes en un sector caracterizado por altas tasas de informalidad.

La máxima representante de la CEPAL destacó que la reducción del flujo de remesas hacia los principales países receptores de la región en el acumulado hasta mayo alcanza en promedio un 7% con respecto al mismo período de 2019. En varios de los países más pobres de la región las remesas representan un alto porcentaje del PIB: en Haití un 33%, en El Salvador y Honduras un 20%. Bárcena remarcó también que a partir de mayo se ha notado un repunte de estos envíos y que América Latina y el Caribe se ha convertido en la segunda mayor fuente de remesas para varios países de la misma región.

Por esta razón, en el marco del proceso de Financiamiento para el Desarrollo en la era del COVID-19, convocado por el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, y los Primeros Ministros de Canadá y Jamaica, la CEPAL está abogando porque las remesas sean consideradas servicios esenciales.

Finalmente, Alicia Bárcena instó a “luchar y movilizar a nuestras sociedades para que no haya discriminación, racismo y xenofobia, sobre todo en las poblaciones migrantes que son víctimas de este tremendo flagelo en nuestra región”.

Por su parte, Antonina Sasieta, Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Perú, afirmó que las dificultades y desafíos para que nuestras sociedades sean mucho más inclusivas con las poblaciones migrantes son todo un reto, y llamó a no perder de vista que el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo acordó elaborar estrategias integrales, globales y regionales para erradicar la vulneración de derechos de las personas migrantes.

“La región debe aspirar a construir, después de la pandemia, una sociedad mejor que promueva la inclusión social de las personas migrantes sin discriminación alguna, afirmó.

Harold Robinson, Director Regional del UNFPA para América Latina y el Caribe, advirtió que el COVID-19 nos pone frente a una región con muchos retos económicos, sociales y nos muestra que el rostro de la desigualdad es el de los grupos más vulnerables.

“Estamos conscientes de que los desafíos ahora más que nunca son sobre no dejar a nadie atrás en la senda del desarrollo y el ejercicio de los derechos. Ya eran enormes antes de la pandemia en América Latina y el Caribe, la región más desigual del mundo, y ahora se ven incrementados y vueltos más complejos”, señaló.

El encuentro realizado hoy es el primero de una serie de diálogos virtuales [2] que se realizarán con el fin de analizar el escenario sociodemográfico de los países de la región en el marco de la crisis del COVID-19 y sus posibles impactos –en el corto, mediano y largo plazo– en grupos de población en situación de mayor vulnerabilidad, a la luz de las medidas prioritarias del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo [3] y de los objetivos y metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible [4].